La homofobia y el rechazo a la diversidad sexual se hicieron presentes en el debate donde la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, el 4 de junio pasado, la reforma a la llamada Ley Zamudio, una propuesta despachada el pasado 24 de enero por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de Chile.
El debate de la propuesta, que fue rechazada por 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones, estuvo marcado por la abierta discriminación de congresistas de ultraderecha, “en medio del silencio cómplice de Chile Vamos, la DC y buena parte del PPD”, según el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
Un retroceso civilizatorio
El legislador republicano Cristóbal Urruticoechea comentó que “este proyecto es una bandera de lucha de colectivos feministas y homosexuales. Si ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno, pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlos o decirle a nuestros hijos que existen más de dos tipos de sexos”.
Por su parte, el UDI Álvaro Carter negó que el proyecto fuera una demanda surgida de un movimiento social independiente para detener los abusos, sino que más bien “el Frente Amplio y el PC pretendían modificar la Ley Zamudio para transformarse en policías de la moral y criminalizar a quienes no piensan como ellos”.
“Hoy volvimos al pasado, a la década del 90, a los momentos más oscuros para las personas LGBTIQ+ y los sectores discriminados”, dijo el fundador del Movilh, Rolando Jiménez, tras asistir a la sesión. “Congresistas de ultraderecha llegaron al extremo de calificar a las personas LGBTIQ+ como desviadas durante el debate en sala. Estamos en presencia del peor escenario legislativo para la no discriminación del cual hemos tenido registro. Es, por donde se mire, un retroceso civilizatorio”.
Y agregó: “hacemos un llamado a esa derecha que se dice liberal y a la DC a hacer honor al aprendizaje de las últimas tres décadas: nadie merece ser discriminado, ni insultado por sus características naturales o culturales, menos en el contexto de un debate parlamentario”.
Jiménez afirmó que no se bajarán las banderas frente a estas expresiones de homofobia. “Seguiremos la lucha en Comisión Mixta. Desde ya llamamos a todas las personas y familias a protestar contra lo ocurrido hoy en la próxima Marcha del Orgullo, prevista para el 29 de junio a las 14:00 horas en Plaza Italia” de la capital chilena.
Aspectos de la reforma
El Movilh explicó que, entre las innovaciones más significativas de la reforma que fue rechazada, se encuentra la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria y el hecho de que las víctimas podrían solicitar indemnización por el daño que sufran, cuyo monto fijará el tribunal, además de obligar al demandado a explicar sus acciones y abrir la posibilidad de denunciar por expresiones discriminatorias, y no sólo por los actos concretos de homofobia.
Además, se planteaba aumentar las multas máximas por discriminación a beneficio fiscal, de 50 a 100 UTM, y establecer que la agravante ya no aplicaría por estar los delitos motivados por discriminación, sino por la sola expresión de “rechazo o desvalorización” hacia algunas de las categorías protegidas por la ley. Con ello, iba a dejar de ser imposible comprobar las exclusiones, como ocurre actualmente.
De igual forma, la modificación “reforzaba la obligación del Estado de implementar políticas contra la discriminación, encomendaba a la Subsecretaría de Derechos Humanos el cumplimiento de la ley y prohibía las terapias reparativas de las orientaciones sexuales o identidades de género, un derecho ya garantizado de todas formas en la Ley de Salud Mental”.
Discriminación indirecta y homofobia
La reforma rechazada también buscaba añadir definiciones sobre la discriminación indirecta, es decir, la ocasionada por disposiciones o prácticas institucionalizadas; “la discriminación múltiple o agravada, referente a quienes sufren dos o más formas de exclusión, y la discriminación estructural relacionada con prácticas segregativas que afectan a un grupo de personas”, detalló el Movilh.
Por último, la organización civil señaló que, de acuerdo a la reforma propuesta, la acción de no discriminación arbitraria debía efectuarse, igual que en la actualidad, ante un juez de letras, con la diferencia de que permitía a instituciones o grupos de personas presentar denuncias por hechos de homofobia que les afectan de manera individual o colectiva, subiendo de 3 a 4 meses el plazo para denunciar desde ocurridos los hechos.
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